“No contamos con muchas medidas para proteger los derechos de autor en las redes sociales”. Así de franca se muestra Tracey Armstrong, presidenta de IFRRO (International Federation Reproduction Rights Organisations), preguntada por la regulación de contenidos en plataformas digitales. La responsable de organización internacional que vela por los derechos de autor considera que todos los contenidos que se utilizan con retorno económico deben haber obtenido una licencia, incluso los que se compartan sin ser monetizados; es un derecho del creador de la obra. Un ejemplo es Youtube, donde empresas de inteligencia artificial “roban” contenido para entrenar sus sistemas, violando las normas de las plataformas.

La experta forma parte del plantel que debate en Valencia los problemas contemporáneos de la propiedad intelectual, reuniendo a 130 especialistas de 65 países en el monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana. Junto con Cedro (el Centro Español de Derechos Reprográficos, la entidad de gestión de derechos de autor de escritores, traductores, periodistas y editores de libros, periódicos, revistas y partituras en España), las organizaciones abordan los días 28 y 29 de mayo cuestiones como la inteligencia artificial y cómo combatir las nuevas formas de vulnerar los derechos de autor.

Los especialistas reclaman “información, formación y estrategias nacionales” para hacer frente a las nuevas amenazas, entre las que sitúan a la Inteligencia Artificial generativa. Se abordarán debates como a quién pertenece la autoría de una obra generada por una IA tras la introducción de unos parámetros o cómo proteger a los creadores de la piratería y en las redes sociales. Asimismo, los expertos reclaman una mejor remuneración en las obras: en España se paga tres veces menos que en la media europea por la reutilización de contenidos. Armstrong recuerda que la mayoría de sistemas de inteligencia artificial tienen su sede en Estados Unidos y hacen copias copletas en minutos de obras que almacenan de por vida. “Aunque la tecnología avanza, los principios de respeto y remuneración a los derechos de autoría se mantienen”, destaca la experta.

La responsable de Cedro, la escritora Carmen Riera, destaca que “la inteligencia artificial no se nutre de sí misma, sino de los textos que le hemos ido poniendo y si eso revierte en los derechos de autor, no está mal, pero si no lo hace me parece una impostura y una estafa”. Los contenidos editoriales son elementos clave para que los ciudadanos puedan acceder a la Inteligencia Artificial (IA) de forma “legal, crítica, responsable y segura”, destacan los implicados. Asimismo, abogan por desarrollar estrategias nacionales dirigidas a fortalecer los derechos de autor del sector editorial, con el fin de hacer una cultura escrita sostenible.

El director general de Cedro, Jorge Corrales, insiste en que “para que la sociedad pueda ejercer una autoridad efectiva sobre la inteligencia artificial, es esencial que los ciudadanos estén bien informados y culturalmente formados en este nuevo marco económico y social”. Son, apunta, estrategias fáciles de implementar, asumibles y sostenibles a largo plazo, y contribuirían a acabar con la desventaja competitiva que sufre el sector editorial español frente a otros países. “Si no se logra un equilibrio entre ”todo en abierto“ y el reconocimiento económico a los titulares de derechos vamos encaminados a una sociedad que no valore la cultura ni a los autores”, alerta.

Los expertos presentes en la exposición del congreso consideran imprescindible la información y la regulación de la creación colectiva. Por el momento, las legislación europea solo introduce cuestiones básicas sobre propiedad intelectual y consideran importante que Europa “empiece a tener en cuenta en sus iniciativas legislativas los derechos de autor como un elemento básico para garantizar el desarrollo sostenible de la sociedad”. Según Anita Huss-Ekerhult, directora ejecutiva de IFRRO, “la gestión colectiva ha demostrado ser una solución eficaz para conceder a los usuarios acceso a materiales protegidos por derechos de autor. Existen varios países europeos que otorgan licencias a todo tipo de usuarios, incluida la administración pública, para que puedan utilizar materiales protegidos respetando y compensando a los autores y editores, entre otros, Francia, Reino Unido y los países nórdicos”. Las licencias, afirman, son una de las mejores herramientas de regulación, a través de estrategias nacionales, colaborativas e impulsadas por la Administración Pública, destinadas a promover los derechos de propiedad intelectual para fortalecer el sector editorial, “pilar de las sociedades democráticas y de su desarrollo educativo, cultural y económico”.