Por cada libro digital vendido en España circulan tres copias ilegales; es decir, en la Red se piratearon en 2018 unos 425 millones de libros, con un lucro cesante de 215 millones de euros para el sector editorial. En papel, la cosa no va mucho mejor: se ha fotocopiado ilegalmente el equivalente a dos millones de libros. Son cifras descomunales, que requieren, pues, una intervención urgente. Daniel Fernández, editor de Edhasa y presidente desde junio de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), entidad de gestión y defensa de los derechos de propiedad intelectual, se refiere a la diosa griega de las artes y la estrategia militar para describir la posición que ha adoptado la entidad frente a la piratería: “Hasta ahora, como Atenea, hemos mostrado más el escudo, pero ahora ya es momento de blandir la lanza”.
La punta de esa lanza es una notable inversión en tecnología, que de forma automática rastrea a diario en Internet y en las redes sociales la piratería de contenidos de novedades editoriales, periódicos, revistas y partituras. “No es un departamento informático propio, pero lo estamos desarrollando como si lo fuera; no sólo vamos a incrementar nuestra labor social sino también a perseguir las violaciones de la ley”, asegura el editor, octavo presidente de CEDRO y socio desde su fundación, en 1988.
En cinco meses, desde que en junio arrancaron las medidas informáticas hasta octubre, han detectado y solicitado que se bloqueen 338.533 enlaces a webs, mientras que se han eliminado 113.907 ficheros (páginas de almacenamiento). Para lograrlo, la entidad pide el bloqueo al administrador de la web o acude a la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura para impulsar la autorización judicial necesaria. “Hemos adoptado la estrategia de sigue el dinero: buscamos alianzas con las marcas y agencias de publicidad que financian esas páginas y les avisamos de que se anuncian en lugares que albergan contenidos intelectuales ilegales”, detalla.
Pero la piratería es como la Hidra de Lerna, y a cada cabeza cortada surge otra, especialmente en las redes sociales: “Los ficheros de texto pesan poco en la Red y hay grupos sociales como Telegram sin límites de miembros”, explica Fernández. La actuación ahí se ha traducido en 11.084 ficheros eliminados y la supresión de 153 grupos activos en redes y mensajería telefónica.
En CEDRO se trabaja en la ampliación de esta herramienta informática contra usos ilícitos en la Red para que permita, a lo largo del primer trimestre de 2020, el rastreo contra el plagio y otro contra las fake news. “El sistema detectará el porcentaje de piratería, con lo que se sabrá, por ejemplo, si la fuente de la noticia es fiable o no”, apunta Fernández, que calcula en un millón de obras, entre prensa y libros, las que podrán chequearse. Y esto ayudará a ampliar los vínculos que CEDRO ya mantiene con 38 entidades de 36 países. Una de las que podría salir reforzadas con la nueva herramienta contra los plagios es la CRUE, la asociación de universidades españolas. “Podremos ayudarles a detectarlos y también en el retorno de dinero”.
El fenómeno de la piratería en España es mayúsculo, sostiene Fernández, que constata que, por no desaparecer, no desaparecen ni las fotocopias ilegales de libros. “Hay mayor concienciación que antes, por eso tenemos 2.400 licencias de copisterías concedidas. Pero cada año debemos invertir más de 250.000 euros sólo en inspectores y abogados para perseguir la reprografía ilegal”.
El ligero descenso que se habría percibido en la piratería audiovisual tras la consolidación del formato en streaming no se habría dado en otros ámbitos, según Fernández. “En el de los videojuegos o los libros seguimos igual”. Y atribuye en parte esa situación a que “no tenemos una nueva Ley de la Propiedad Intelectual, vamos con una parcheada cuyo desarrollo y aplicación es manifiestamente mejorable”. Desde Cedro confían que el nuevo Gobierno de coalición “tenga las ideas más claras” y que acelere con la implementación de la directiva europea sobre derechos de autor: “Esperamos una transcripción sólida que favorezca a la más importante industria cultural española, vital en América Latina y para el español”.
Desde la entidad de gestión esperan que esa transposición “la hagamos juntos”, entre otras cuestiones para “limar aristas”, en especial la responsabilidad de las plataformas digitales (Youtube y similares); otro fleco pendiente es el del ámbito educativo (“la excepción educativa no puede comportar que todo sea gratis”). También desean intervenir en futuros planes de lectura, retocar la regulación del estatuto del artista en relación con las pensiones (que hoy pierden si cobran derechos) y la equiparación del IVA del libro digital con el papel (“no nos afecta directamente, pero sí al sector”, dice con conocimiento de causa Fernández, editor de Edhasa).
De puertas adentro, Fernández admite que su labor será continuista en relación con la de su predecesora, la escritora Carme Riera, que sigue en CEDRO como vicepresidenta. “Riera resituó a la entidad en la esfera pública; ahora debemos crecer para poder dar mayor asistencia social a nuestros miembros”, hoy 26.568 (24.330 autores y 2.238 editoriales). “El 70% de lo que recaudamos lo repartimos”, fija Fernández. “De ahí nuestra ofensiva: necesitamos recaudar más para repartir más”. La batalla de Atenea parece justa.
Carles Geli
El País
