El pasado día 11 el Tribunal Supremo declaró nulo el Real Decreto 1657/2012, que regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada («canon digital») con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Esta decisión viene a desmantelar el modelo aprobado por el Gobierno en diciembre de 2011, que supuso una drástica reducción de la recaudación y de la función social que CEDRO lleva a cabo en nombre de los autores y editores del sector del libro. Magdalena Vinent, directora general de CEDRO, ha explicado que «nuestra Entidad pasó de recaudar casi 20 millones de euros al año por este concepto a apenas uno».
El Alto Tribunal considera que esta norma que regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos generales del Estado (PGE) no es compatible con la Directiva 2001/29/CE, tal como estableció la justicia europea el pasado 9 de junio.
El pronunciamiento del Tribunal Supremo (TS) corresponde a la solicitud de impugnación presentada por tres entidades de gestión, EGEDA, DAMA y VEGAP. El resto de sociedades, incluida CEDRO, presentaron recursos al respecto que están todavía pendientes de ser resueltos.
Todas las demandas presentadas por las entidades de gestión se basaron en la inadecuación de este Real Decreto al derecho comunitario. Las razones que se adujeron fueron dos:
- El pago no recaía en el usuario de la copia privada sino en todos los ciudadanos.
- Establecía una cuantía en los PGE para compensar a los titulares de derechos sin tener en cuenta el perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos.
Con base en estos argumentos, el TS planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que fue resulta mediante la sentencia del pasado mes de junio.
Oído al TJUE, ahora el TS considera que esta regulación «carece de fundamento legal efectivo y, en consecuencia, es nulo».
Magdalena Vinent ha mostrado su satisfacción porque esta sentencia «avala nuestro rechazo al sistema instaurado hace ahora cinco años, que ha impedido que los escritores, traductores y editores sean justamente remunerados por las copias privadas de sus obras».
