El gobierno español aprobó, el pasada viernes, un borrador de texto para modificar la vigente Ley de Propiedad Intelectual. Según el presidente de CEDRO, Pedro de Andrés, esta propuesta de reforma supone “un gran retroceso en el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual de los escritores y editoriales de libros y otras publicaciones, así como en la valoración económica de los mismos”. 

El aspecto del texto que más perjudica al sector es la limitación al máximo de la definición de copia privada. Por una parte, esto supondrá una drástica reducción de la cantidad que autores y editores recibían como compensación por copia privada de sus obras. Por otra, se convertirán en ilícitas muchas reproducciones de libros que antes eran legales y por las que los titulares de derechos eran compensados mediante el famoso canon digital. 

Además, se contempla la ampliación de las copias (fotocopias y digitales) de libros y revistas que se pueden hacer en colegios y universidades sin contar con la autorización de los titulares de derechos y sin remuneración alguna para la mayoría de ellos. En esta propuesta también se han incluido medidas para mejorar la lucha contra la piratería en la red y para incrementar la transparencia de la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual. 

De Andrés asegura que el gobierno central tiene que “reconsiderar el conjunto de esta propuesta y reformar la ley con una visión a medio y largo plazo”, puesto que, de aprobarse finalmente el texto tal y como está, “se destruirá el tejido editorial y creativo, y se discriminará a los creadores y a la industria española respecto a la de otros países”. 

El borrador aprobado por el gobierno del Estado, que sitúa a España en dirección opuesta a los países de la Unión Europea, se ha llevado a cabo sin tener en cuenta ni las peticiones presentadas por CEDRO ni las de los miles de socios de la entidad que le hicieron llegar estas mismas propuestas. 

La comunidad internacional, a través de IFRRO (Federación Internacional de Entidades de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual) y de la EWC (Asociación Europea de Escritores), han trasladado al gobierno español su rechazo al proyecto de reforma de la ley porque supone que el Estado prive a los autores y editores de recibir una retribución por determinados usos de sus obras.