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  núm. 9  /  8 de febrero de 2008  

Entrevista a Eduardo Mendoza

“Si un lector paga por todo ¿por qué no ha de pagar por leer?”

 
Foto: ACEtt
 

La ACEC y la AELC invitan al diálogo y la reflexión con motivo de los 20 años de la aprobación de la Ley de la Propiedad Intelectual. Este instrumento, que en su día fue beneficioso para los autores, ha sido vulnerado desde diversos frentes en los últimos años. ¿Por qué cree que se ha llegado a esta paradójica situación?
Mis conocimientos no me permiten llegar a una conclusión fundamentada. Aunque la cuestión afecte a los escritores en especial, son los juristas, los políticos y, tal vez, los editores los que tienen la palabra.

El Estado accedió el año pasado, tras años de litigios y con la amenaza de fuertes sanciones por parte de la Unión Europea, a reconocer el derecho de autor en el préstamo bibliotecario. ¿Qué opinión le merece que la ley española pague a los autores 0,20 euros por libro adquirido en las bibliotecas?
Una medida insuficiente que, además, llega tarde. Hace tiempo que las bibliotecas han dejado de ser un lugar de consulta para convertirse en un servicio de préstamo gratuito. Ahora bien, como en la realidad nada es gratis, quien al final acaba pagando es el autor, el editor, el librero y todo el que vive del mundo del libro. No entiendo por que un lector no ha de pagar por leer, cuando paga por todo lo que hace.

¿Qué se puede hacer para que la sociedad española respete los derechos de los creadores?
No lo sé. Supongo que creando un estado de opinión, a través de los medios de comunicación y realizando debates como éste.

En otros países europeos, la figura de los autores y traductores gozan de protecciones sociales, económicas y de prestigio institucional que en España parecen utópicas. ¿Qué responsabilidad tienen los poderes políticos en esta tendencia de opinión generalizada?
Todavía vivimos de la herencia del franquismo, cuando la cultura era menospreciada e incluso en muchos casos perseguida. Y esto nos hace creer que necesita no tanto una protección sino una tutela del Estado. Por otro lado, la cultura es hoy día un buen negocio y un medio de control y de penetración muy goloso para los poderes.

El libre uso de las nuevas tecnologías que permiten descargar música y películas por Internet ha generado devastadores efectos para los creadores y las industrias de estos sectores. ¿Qué deberían hacer las administraciones, las editoriales y los autores para evitar que suceda un caso similar con el sector reprográfico?
Sería pretencioso por mi parte proponer soluciones a un problema que ni yo ni nadie conoce. No sabemos que pasará, ni cuando ni cómo. Pero, me imagino que la solución será parcial, compuesta por leyes, sanciones y, en definitiva, que exista la convicción por parte de los ciudadanos de que se ha de cumplir lo que denominamos “contrato social”, si no queremos salir todos perjudicados.

 

 

 

 

 

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