Una de las primeras imágenes que nos suele venir a la cabeza si pensamos en libros es la de nuestra biblioteca de referencia. ​

Escritores y traductores están ligados ineludiblemente a estos espacios que cumplen una función social indispensable. No en vano, la Unesco recoge en un manifiesto a favor de las bibliotecas públicas sus principales funciones y todas ellas están vinculadas directamente al progreso social.

De esta manera, bibliotecas y derechos de autor están unidos por un nexo  indisoluble, que no es otro que la promoción de la cultura y la creación.

Una directiva europea de 1992 ya regulaba la relación entre bibliotecas y propiedad intelectual. Reconocía que el esfuerzo creativo y artístico de los autores exige unos ingresos suficientes que sirvan de base a nuevos trabajos artísticos y a las inversiones necesarias para que estos vean la luz.

En este punto, la norma europea establecía que se tenía que compensar, al menos al autor, por el préstamo de sus obras en bibliotecas.

Han pasado más de 20 años de esta directiva, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenando al Reino de España, diversas regulaciones deficitarias y numerosas quejas a Bruselas y, todavía, este derecho de los escritores y traductores no se está haciendo efectivo en nuestro país.

Se necesita un cambio legal, que centralice este pago en el Gobierno central y las comunidades autónomas, y que evite que sean los ayuntamientos los que tengan que abonar estos derechos de autor.

No obstante, y hasta que este cambio regulatorio llegue, parece que se ha avanzado algo. Cataluña ya ha dado el primer paso para reconocer social y económicamente este derecho de autor.

Hace apenas un par de meses las asociaciones representantes de los municipios de esta Comunidad Autónoma, auspiciadas por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, llegaron a un acuerdo con CEDRO para facilitar esta remuneración -casi simbólica, por cierto- a los autores. Esperamos que este sea el primero de los 17 convenios que se tendrían que firmar en los próximos meses.

Se trata de una cuestión de cumplimiento de legalidad por parte de las administraciones públicas, pero esa legalidad, a su vez, es la manifestación de un principio de justicia y de respeto a los autores españoles

Artículo publicado en la revista Qué Leer, en su número del mes de marzo.