La Ministra de Empleo y Seguridad Social, doña Fátima Báñez, tiene seis pisos, dos fincas y un solar. Todavía es una mujer joven, pero dentro de dieciséis años, cuando le llegue la jubilación, podrá combinar las rentas generadas por el alquiler de dichas propiedades con la pensión contributiva que le corresponda. Así pues, será una anciana feliz y, si la salud la acompaña, pasará sus últimos años viajando por el ancho mundo. Justo lo contrario les ocurrirá a los escritores españoles, que a este paso apenas podrán salir de sus casas para comprar una barra de pan. Porque el Real Decreto 5/2013 sentencia que, cuando un creador supera los 65, debe renunciar a los derechos de autor generados por las obras que publique, así como a los beneficios que pueda obtener por la obtención de un premio, por la realización de una conferencia o, en general, por cualquier actividad de carácter intelectual que alguien tenga a bien remunerarle.
Lógicamente, esta descompensación entre el futuro de la ministra y el de los escritores invita a hacer una pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre una señora que ingresa dinero alquilando una propiedad y un señor que lo hace difundiendo un trabajo intelectual? Según la señora Báñez, la diferencia es abismal, ya que los dos ingresos (rentas y pensión) de la primera persona son perfectamente compatibles, mientras que los de la segunda no, por lo que ésta tendrá que renunciar a uno de ellos (derechos de autor o pensión) si no quiere ser sancionada. Y esto nos lleva a otra pregunta: ¿No es lo mismo haber dedicado toda una vida a acumular propiedades que haberlo hecho para construir un corpus literario? Pues resulta que no. Porque las obras, si no están hechas de ladrillo, no merecen una regulación especial.
El gobierno del Partido Popular, con la señora Báñez a la cabeza, ha iniciado unacampaña para multar a los escritores que, mientras cobran la pensión con una mano, publican libros con la otra. Ya han caído algunos de los más ilustres, como José Caballero Bonald, Antonio Gamoneda, Eduardo Mendoza o Antonio Colinas, y siguen haciéndolo otros cuyos nombres, menos conocidos para el gran público, restarán en el anonimato. A todos se los castiga por haber obtenido unos beneficios anuales superiores al salario mínimo interprofesional, léase 9.172 euros, y las multas han llegado a ser tan desproporcionadas que las asociaciones de creadores ya ha reaccionado constituyendo la plataforma «Seguir creando».
Tal vez no sea políticamente correcto decir esto, pero los escritores, así como los pintores, músicos y demás profesionales de la escena artística, no son trabajadores normales y corrientes, y su actividad no debería de estar sometida a las mismas regulaciones que los demás. Por norma general, esas personas han pasado una vida repleta de estrecheces que, en el caso de los más afortunados, empieza a disiparse a una edad tardía, que es precisamente cuando alcanzan la madurez intelectual necesaria como para alcanzar la excelencia. Y es en ese momento, esto es, al ser realmente capaces de escribir algo importante, cuando el gobierno les impone el abandono de su profesión. El Partido Popular tiene miedo a la cultura. Lo ha demostrado demasiadas veces y ahora lanza otro ataque abyecto para acallar aquello de que en verdad debería de ser lo más preciado en un país civilizado: la inteligencia de sus mayores.
Artículo publicado en el diario El Mundo
2-2-2016
Obligar a los escritores jubilados a dejar de crear es cruel
