Los presupuestos del Ministerio de Cultura de 2008 incluirán por primera vez una partida de 300.000 euros destinada a compensar a los autores por el préstamo bibliotecario en las bibliotecas públicas. Y será cofinanciado por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, según ha confirmado el ministro César Antonio Molina.

Este pago por el derecho de préstamo bibliotecario, tal como marca la legislación, estará destinado exclusivamente a los autores. CEDRO, la entidad encargada de recaudar el dinero, ha creado una comisión específica, constituida por cinco autores y un editor, con el objetivo de decidir la distribución.

El Gobierno español se adapta de esta manera a la normativa europea que obliga al pago de los derechos de autor en concepto del préstamo bibliotecario. El mismo Molina ha reconocido que España "ha intentado atrasar su aplicación, pero ha sido imposible". En enero de 2004, la Unión Europea, mediante un expediente, instó al Reino de España al cumplimiento de la normativa que regula el préstamo bibliotecario, de la que el Estado se había eximido en el año 1994. En octubre de 2006, una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo obligó al Gobierno central a aceptar la normativa europea. En caso de incumplimiento, el Estado hubiese tenido que pagar una multa de 300.000 euros diarios, cantidad que se habría descontado de lo que recibe de los fondos europeos.

El Ministerio, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los que tienen las bibliotecas a su cargo, sufragarán el pago, que no afectará a los usuarios. Molina ha afirmado que con la aceptación de este pago se "normaliza" la relación entre España y la UE y se acaba la "pugna" que existía hasta ahora por esta cuestión. El ministro señaló que "hemos de respetar todos los acuerdos, no sólo los que nos favorecen", pero no hizo referencia alguna al reconocimiento de los derechos de autor, como se desprende de estas declaraciones.

La Ley de la lectura, el libro y las bibliotecas, que el Gobierno ha aprovechado para adaptarse a la normativa europea del derecho de préstamo, estipula que el pago de este derecho será de momento de 20 céntimos por ejemplar adquirido por una biblioteca y destinado al préstamo. Una aportación muy reducida, que permite prestar el libro tantas veces como se desee, y no como se ha presentado a la opinión pública de manera intencionada por algunos colectivos: que los 20 céntimos se tendrían que pagar cada vez que se prestaba el libro y esto podría suponer la desaparición de las bibliotecas. La cantidad prevista es mínima y no se puede considerar abusiva pese a las manifestaciones de determinados colectivos que se han posicionado contra los derechos de autor.