La denuncia ha sido presentada ante la Comisión Europea por AIE, AISGE, CEDRO, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP, entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual de los artistas, autores, editores y productores audiovisuales de España.

Las entidades lamentan haberse visto obligadas a dar este paso, forzadas por la inacción legislativa del Estado español, que está en situación de ilegalidad en la Unión Europea al mantener vigente la excepción de copia privada sin que exista un sistema de compensación equitativa acorde a la Directiva.

La incorrecta transposición a la legislación española de la obligación de compensar el daño causado a los titulares de derechos ha provocado esta situación irregular y única en Europa, que les ha acarreado cinco años de graves perjuicios patrimoniales, incluyendo que desde 2015 no se compense a los titulares por este concepto.

Así lo interpreta la propia Comisión Europea, que en una carta enviada a las entidades denunciantes el pasado mes de diciembre les notifica que «la Comisión supervisará que los cambios que deben ser introducidos en la legislación española sean compatibles con la ley europea».

Sin embargo, casi un año después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarase ilegal el sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y cuatro meses después de que el Tribunal Supremo de España lo anulase en su totalidad, la falta de coordinación interministerial ha impedido que España reforme el modelo en la forma y plazo exigidos por la Comisión Europea.

Todo ello perjudica también a los propios ciudadanos españoles, pues la falta de diligencia del Estado puede provocar que el erario público deba hacer frente a una cuantiosa sanción de las autoridades europeas.

Artistas, autores, editores y productores audiovisuales recuerdan que los equipos anterior y actual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han contado y cuentan con su apoyo y disposición para colaborar, por lo que el hecho de no haber solucionado todavía el problema solo puede entenderse como falta de compromiso con los mayores afectados, los titulares de derechos de propiedad intelectual.