La compatibilidad de las pensiones de jubilación con los derechos de autor ha sido aprobada este viernes por el último Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. A partir de este momento, los escritores no tendrán que renunciar a su jubilación para seguir escribiendo, ni a la escritura para cobrar su pensión como trabajador retirado. Es el mismo texto que, después de un largo debate y rectificaciones, aprobó el jueves a última hora de la tarde el Consejo de Estado, en el que se hace constar la importancia de la actividad artística y creativa, “sin que una sociedad moderna pueda prescindir del capital intelectual que aportan creadores y artistas, particularmente en su etapa de madurez”.
"Con esta regulación se atiende una demanda largamente sostenida por las personas que desarrollan una actividad intelectual", ha afirmado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Damos así respuesta a la necesidad de cualquier sociedad amante de la cultura", añadió. Según adelantó la ministra portavoz, "más de 1.300 personas se podrán beneficiar de la nueva regulación".
“La actividad de creación artística será compatible con el 100% del importe que corresponda percibir o, en su caso, viniera percibiendo el beneficiario por la pensión contributiva de jubilación. Del mismo modo, se podrá compatibilizar la actividad de creación artística con el 100% del importe del complemento por maternidad”, dice el texto firmado por Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
De esta manera, se regula “con el fin de evitar que el creador deba elegir entre percibir su pensión de jubilación o continuar su actividad de creación artística”, la compatibilidad con los ingresos obtenidos por la realización “de cualquier actividad de creación artística que genere derechos de propiedad intelectual”. Y en esta puntualización se tienen en cuenta la escritura de libros, así como artículos o conferencias.
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que agrupa a 127.000 creadores, celebró la aprobación del real decreto. “Este avance para los intereses de los autores que están jubilados, que obtuvo un amplio consenso en el Parlamento, da respuesta a una justa reivindicación, fundamental para no prescindir del capital intelectual que aportan creadores y artistas, particularmente en su etapa de madurez, cuando la experiencia acumulada puede favorecer la producción de obras o actuaciones de gran valor”, afirmó la SGAE en un comunicado.
La formalización de la medida había sido anunciada esta semana en Antena 3 por el presidente saliente, durante el debate televisado. El real decreto cumple con la petición de los autores jubilados desde que en 2013 Fátima Báñez y Cristóbal Montoro -al frente de los ministerios de Empleo y Hacienda respectivamente- interpretaron la ley de tal manera que los autores mayores se vieron obligados a dejar de publicar, si querían disfrutar de su jubilación, y no ser multados.
Los autores han sido perseguidos desde entonces por percibir una cantidad anual superior al salario mínimo interprofesional (por sus derechos de autor) y cobrar su pensión. En esta situación se encontraban nombres como los poetas Antonio Gamoneda y Antonio Colinas o el fallecido Forges.
“Nunca deberíamos haber llegado a este punto, que ha provocado situaciones personales tan dramáticas. Es absurdo e injusto limitar la capacidad creativa de los autores”, apunta en el mismo sentido Iban García del Blanco, responsable de cultura del PSOE. “Hoy solucionamos un problema que nunca debería haberse creado”, añade. Para García del Blanco, la decisión del Consejo de Ministros pone a España al nivel de Europa y recuerda que el derecho a la propiedad intelectual es de naturaleza solidaria, que a los 70 años se extingue y pasa a ser propiedad de la comunidad.
Este capítulo crucial en el Estatuto del Artista -aprobado en diciembre- se cierra en el último instante, antes de las elecciones generales. Su aprobación acaba con la posibilidad de que la nueva panorámica política altere el consenso, con el que se firmaron en el Congreso las baterías de medidas a favor de los trabajadores culturales. Marta Rivera de la Cruz (portavoz de cultura de Ciudadanos) recuerda que hace tres años arrancó el proceso de cambio de la reforma que se aplica hoy porque es una medida “justa y sostenible”. “La pensión es de los autores y si quieren seguir trabajando ahora ya pueden hacerlo”, explica. Destaca que con este real decreto quedará aclarado un capítulo que daba pie a interpretaciones “muy ambiguas”.
Los argumentos exhibidos por el Gobierno ya fueron adelantados por la sentencia del Juzgado 14 de lo Social, que concluyó, a favor de Javier Reverte, que los autores no incurren en delito porque no hay incompatibilidad. La mencionada sentencia -recurrida en estos momentos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad, el mismo que firma este Real Decreto- aclaraba que el escritor percibe sus ingresos “no por la acción personal de pensar y escribir obras, sino por la cesión de los derechos de explotación económica de los libros de los que es autor”. Es decir, cobrar derechos de autor no es trabajar por cuenta propia.
“Era tan sencillo como reconocer que los beneficios de los derechos de autor son una renta de una actividad, no una actividad. Es el mismo caso de cualquier pensionista que cobra por el alquiler de un piso de su propiedad”, explica Sofía Castañón, portavoz de cultura de Unidas Podemos. Aplaude la medida porque no obligará a poetas como Julia Uceda a tener que elegir entre su poesía o su pensión. “Hubo más estupidez que mala intención en la interpretación de Montoro”, señala, pero lamenta que el Congreso de los Diputados haya tardado tanto tiempo en resolver este asunto, porque “acabamos celebrando la justicia, la democracia y el Estado de derecho”.
El escritor Manuel Rico ha llevado la bandera de la lucha por sus derechos, desde la plataforma Seguir creando y se felicita porque con el desarrollo de la norma y del método de aplicación se da "un paso de gigante que aleja a los autores jubilados del riesgo económico". Los escritores que se beneficien de esta modalidad de jubilación tendrán que cotizar una cuota de solidaridad del 8%. Rico asegura que pedirán la restitución de lo sancionado y lo retenido. “Queremos que se devuelvan las multas, que la medida tenga carácter retroactivo y que se congelen los procesos abiertos de manera inmediata”.
El sindicato de guionistas ALMA apunta que “se ha hecho justicia”. Ana Pineda, directora general de la organización, cree que, aunque haya sido tramitado como real decreto y no como ley, tiene el consenso de la cámara y eso asegura su validez. “Cuanto más apoyo tenga una norma, mejor. Que no se haya tramitado como decreto ley no le resta fuerza, porque lo urgente era corregir el problema con consenso”, aclara. Carme Riera, presidenta de CEDRO, asegura que están muy satisfechos “porque era una situación injusta para los escritores y traductores españoles”. “Creemos que tenemos que seguir dando pasos para que todas las actividades creativas sean compatibles con la jubilación. Hay que solucionar la situación de los escritores sancionados”.
Margot Molina
El País
