“Que nadie se equivoque. Pretenden silenciarnos y no lo vamos a permitir”. Así comienza el manifiesto con el que se ha dado a conocer OLA, Organización por la Libertad Artística. Se trata de una plataforma creada por profesionales de la cultura que se han unido para luchar contra el aumento de cancelaciones de espectáculos culturales por parte de los ayuntamientos en los que Vox ha entrado a formar parte de los equipos de gobierno.

Entre los casos recientes más sonados, está la cancelación en Valdemorillo (Madrid) de un montaje teatral de Orlando, de Virginia Woolf, a cargo de la compañía Teatro Defondo; de la obra El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca, de Xavier Bobés y Alberto Conejero, que trata sobre un profesor republicano fusilado durante la Guerra Civil, en Briviesca (Burgos); y de la película infantil de animación Lightyear, de Disney, donde aparecen dos mujeres besándose, en el municipio cántabro de Bezana.

A las protestas de numerosas figuras públicas de los últimos días hay que sumar la propuesta de Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y líder de la formación Sumar, de crear “un pacto de Estado contra la censura”. Mientras tanto, el líder de Vox, Santiago Abascal, se jactó el sábado de estas cancelaciones: "Vamos a hacer lo que nos parezca", afirmó en un acto en Zaragoza. Dijo que respetará "las preferencias hy gustos de los españoles", pero advirtió: "Que tengan muy claro que no hemos venido ni a asumir sus discursos ni a pagar sus fiestas".

En su manifiesto, la nueva plataforma OLA, que está en proceso de constituirse oficialmente como organización y que no ha revelado los nombres de sus integrantes, califica esta oleada de cancelaciones como “atentados culturales procedentes del sector más reaccionario” y afirma que “no son anecdóticos o aislados”. Según el texto, “estas acciones pretenden reprimir la expresión de la diversidad, así como impedir que soñemos con otras realidades que están por construirse. Ante la violencia contra una cultura plural, la tibia respuesta de las instituciones nos deja sin protección. Desde ahora, tomamos la palabra. La lucha es urgente”.

La organización “es una plataforma totalmente transversal y horizontal que no tiene ningún tipo de organigrama ni portavoces”, explica a El Cultural uno de sus miembros, el abogado y gestor cultural Alberto González Pulido, que en los últimos meses ha representado a la Unión de Artistas Contemporáneos de España en la comisión del Estatuto del Artista. Además, es miembro de Freemuse, una organización internacional consultora de la ONU con el mismo objetivo que la naciente OLA: defender la libertad de expresión en el arte. 

Freemuse fue noticia por su informe Estado de la libertad artística 2020, a raíz del revuelo generado por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél por enaltecimiento del terrorismo. Según el estudio, España fue en 2019 el país del mundo con más artistas condenados a prisión (14), por delante incluso de otros países famosos por su elevado nivel de censura, como Irán (13), Turquía (9), Myanmar (8), Egipto (6), China (5) o Rusia (4). Pero lo cierto es que, de los 14 condenados, solo dos llegaron a tener la orden de entrar en prisión: el rapero Valtonyc, que huyó a Bélgica en 2018, y Pablo Hasél, que fue en realidad el único que llegó a ingresar en la cárcel.

Según González Pulido, “España adolece desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza de un problema estructural en cuanto a libertades civiles, y en concreto la libertad de expresión”, y califica la oleada de cancelaciones de espectáculos por parte de ayuntamientos gobernados por PP y Vox como una “crisis nacional”. No obstante, considera que ha servido de acicate para que “por fin haya una movilización en pro de la libertad de expresión en la cultura, no solo dentro del sector, sino de toda la sociedad civil”.

El abogado y miembro de OLA considera que la cancelación de espectáculos contratados por administraciones locales son una forma de censura porque supone “una injerencia política” que se produce a favor de unos discursos y en contra de otros, y perjudica los derechos laborales de los trabajadores de la cultura. Esos discursos que son desestimados “siempre tienen que ver con la memoria histórica y los derechos LGTBI”, opina el jurista.

El manifiesto de OLA (que puede leerse íntegramente aquí) asegura también que “la Cultura es un derecho humano fundamental que, en su creación, expresión y acceso, no debería someterse a ningún tipo de censura, ya sea política o económica. Hoy censuran para que mañana nos autocensuremos. Una mordaza que durante años se ha dejado crecer es el germen de estas cancelaciones. Por esta razón, vamos a hacer lo que está en la propia raíz de la Cultura: atravesar los límites del miedo, el silencio y la soledad”.

Por el momento, los voluntarios que se han sumado a la iniciativa se están organizando en varios grupos de trabajo. Según la hoja de ruta a la que ha tenido acceso El Cultural, entre ellos hay uno de “acción directa”, para la propuesta de iniciativas de protesta tales como manifestaciones, paros de 24 horas o performances; un “observatorio de la censura”, para el seguimiento de todos los casos; un “núcleo crítico” con el objetivo de desarrollar un código de buenas prácticas y un libro de estilo, así como “asesorar y supervisar que los procedimientos, acciones y comunicaciones de la organización atiendan y respeten la diversidad cultural, racial, de género, de afectos…”.

También hay un grupo llamado “Conexiones”, encargado de establecer vínculos con asociaciones, instituciones y otras entidades; y un equipo jurídico para estudiar cuestiones como la protección legal, asesoramiento de relaciones contractuales e iniciativas legislativas.

En un acto celebrado este lunes en la Fundación Carlos de Amberes, en Madrid, el líder de Vox, Santiago Abascal, defendió la necesidad de que exista un Ministerio de Cultura (el PP ha anunciado que lo eliminará si gana las elecciones, integrándolo en el Ministerio de Educación) porque la cultura merecer ser considerada “alta política” y “la mejor representación de España”. Además, habló de censura, pero no en referencia a los espectáculos cancelados a instancias de su partido, sino de la llamada cultura de la cancelación asociada al movimiento woke.

En este sentido, se refirió a las nuevas ediciones de libros de autores célebres como Agatha Christie y Roald Dahl para eliminar las palabras y expresiones que podrían resultar ofensivas para ciertos colectivos.

Además de defender la tauromaquia y “las cosas de España”, Abascal lanzó un mensaje al sector del cine, al que acusó de hacer propaganda política, y afirmó: “Que abandonen toda esperanza los profesionales de la subvención”.