La Ley de la Propiedad Intelectual (LPI),
aprobada hace veinte años,
es un buen mecanismo de protección de los derechos de autor, pero
su aplicación resulta inadecuada e insuficiente. Esta es la principal
conclusión a la que llegaron ayer los participantes de la mesa
redonda para analizar la vigencia de esta ley, invitados por la Asociación
Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC) y la Associació d'Escriptors
en Llengua Catalana (AELC). El acto se celebró en el Col·legi
de Periodistes de Catalunya y contó con la participación
del escritor Eduardo Mendoza, el jurista Mario Sepúlveda y los
presidentes de la ACEC, Montserrat Conill, y de la AELC, Guillem-Jordi
Graells. El escritor Baltasar Porcel, también invitado al acto,
disculpó su asistencia a última hora a causa de un problema
personal imprevisto, pero manifestó su total adhesión a
la iniciativa. Entre los asistentes se encontraban miembros de las dos
entidades y la directora general de CEDRO, Magdalena Vinent, además
de una amplia representación de medios de comunicación.
El acto tenía como objeto analizar la LPI al cumplirse veinte años
de su aprobación, pero constituyó, de hecho, una mesa redonda
en defensa de los derechos de autor en respuesta a los ataques sufridos recientemente
en casos como la compensación por copia privada -que se reflejará en
una inminente Orden Ministerial y que supondrá una reducción
del 25% de los ingresos que los autores reciben por este concepto- o la remuneración
por préstamo bibliotecario -en la que el Estado ha accedido finalmente
a cumplir la normativa europea, pero con unas cantidades irrisorias: 0,20 céntimos
de euro por libro adquirido en las bibliotecas-. En este sentido, Montserrat
Conill, manifestó que "nadie se atrevería a afirmar que la cultura
no es un derecho universal, como la sanidad o la educación, pero de
la misma manera que no entendemos que no se pague a los médicos o a
los maestros, ¿se puede construir una cultura en la que los escritores
y los traductores dejen de percibir unos ingresos que les corresponden?". Conill
reclamó que "desde Cataluña se estimule a la sociedad a proteger
al autor" y defendió la compensación por copia privada -"porqué no
es un derecho del usuario, sino del autor"- y la remuneración por el
préstamo bibliotecario, "que no es un invento de este país, sino
una conquista social del socialismo escandinavo, que se aplica en toda Europa".
Por otro lado, Guillem-Jordi Graells, tuvo unas
palabras de afectuoso recuerdo para Jordi Solé Tura, que fue ministro hace veinte años
y artífice de la nueva Ley de la Propiedad Intelectual, que sustituía
a la anterior del siglo XIX. Graells invitó al Ministerio de Cultura
a reflexionar sobre la LPI: "para que valore lo que se ha cumplido, lo
que queda pendiente y de que manera se puede actualizar, en vez de los
añadidos que se han hecho en los últimos años".
El presidente de la AELC subrayó que los conflictos sobre los
derechos de autor vigentes en la actualidad sitúan en un mismo
punto de defensa a los autores y a los editores: "resulta curioso que
ahora la industria cultural tenga en cuenta los mismos argumentos que
siempre hemos defendido los autores cuando existían conflictos
con los editores", ironizó. En esta misma línea, Graells,
apuntó que algunos de estos puntos de conflicto entre autores
y editores, como el contrato de edición, "han sido verdaderas
tomaduras de pelo que hemos tenido que sufrir".
Una ley moderna y progresista
Mario Sepúlveda, abogado de las dos asociaciones, valoró positivamente
la LPI de 1987, calificándola de "moderna y progresista", y resaltó el
principio básico de esta ley: "la propiedad intelectual de una
obra corresponde a su autor desde el mismo instante en que la crea".
Sepúlveda aseguró que, a partir de aquí "cuestionar
el principio esencial de compensación y remuneración del
autor" por el uso de sus obras "no tiene sentido" y es sólo una "trampa".
La crítica del balance se centró en la aplicación
e interpretación de la Ley en los contratos de edición. "Todos
los contratos de las editoriales son iguales, pero el problema es que
las partes no están en una situación equitativa y el autor
tiene muchas veces pocas posibilidades para poder negociar", explicó.
Para resolver este modelo "fracasado", advirtió Sepúlveda, "debe
restablecerse el equilibrio entre ambas partes y resaltar la figura del
autor", objetivo que están persiguiendo la ACEC y la AELC con
las negociaciones "optimistas" que llevan a cabo con el Gremio de Editores.
Eduardo Mendoza, por su parte, aportó su experiencia como escritor
en estos veinte años como ejemplo de los abusos que sufren los
autores. El reconocido novelista explicó que la situación
de los autores antes de la LPI era "caótica" y que esta ley permitió que
las relaciones contractuales fuesen más claras. Mendoza, reiteró una
vez más que "el autor ha de cobrar como cualquier otro profesional" e
ironizó sobre la "concepción romántica de la creación" como
argumento para eliminar los derechos de autor. "Detrás de una
creación siempre hay alguien, y este alguien ha de vivir de su
profesión", sentenció el escritor. "Si no pagan por copia
privada o por el préstamo bibliotecario, lo estoy pagando yo",
resumió.
Las intervenciones de la mesa generaron un coloquio
posterior en el que se planteó las inquietudes y valoraciones de los asistentes,
entre ellas, la poca funcionalidad de los controles de tiraje de las
obras, la situación de indefensión del autor ante la explotación
de sus obras publicadas antes de la Ley sin cobrar derechos de autor
o las limitaciones y aplicaciones de los derechos de cita. Los representantes
de la AELC y la ACEC recordaron que la mejor manera para conseguir cambiar
las cosas es luchando colectivamente, como están haciendo las
dos asociaciones.
Noticias publicadas en prensa:
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