El Centro  Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) ha impugnado ante el Tribunal Supremo el real decreto que regula la copia privada en el Estado español. Esta ley establece, entre otras cosas, de qué forma se ha de compensar el canon por copia privada a través de los presupuestos generales aprobados por el gobierno central. El nuevo sistema, aprobado por el gobierno en diciembre pasado, supone una reducción del 95% de los ingresos en concepto de derechos de autor administrados por las entidades de gestión como CEDRO.

El rechazo de CEDRO es debido a que este sistema supedita la cuantificación de esta compensación a los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio y, además, no tiene en cuenta los daños reales que sufren los titulares de los derechos de autor por las copias privadas que se hacen de sus obras. Precisamente, estos daños son el criterio por el que los autores y editores han de ser compensados, tal como señala la Directiva 29/2001 y como respaldó, en enero pasado, el mediador europeo António Vitorino.

La impugnación de CEDRO es una de las múltiples acciones que la entidad gestora de los derechos de autor ha iniciado para conseguir una compensación más justa para los autores y editores del Estado. Su intención es que el gobierno central dé marcha atrás y derogue el sistema de compensación actual.