«Nuestro principal objetivo es ayudar a los autores. Nos piden una ayuda asistencial muchas veces quienes empiezan, o quienes no obtienen ingresos que les permitan vivir holgadamente. No solo recaudamos y repartimos, en el año 2017 dimos más de mil ayudas, sobre todo a autores, periodistas y profesores que viven en una situación complicada», explica Jorge Corrales, director general del Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro). Representan a «24.392 escritores, traductores, periodistas y editoriales en España, y en Galicia tenemos domiciliados sobre 1.050 autores y 70 editores» Ayer explicó en Santiago los cambios legislativos por los que trabajan. 

 ¿Cómo ayudan a los autores?
Un trabajador social elabora los expedientes. Se aprueban ayudas oculares o tratamientos odontológicos. Además, ofrecemos servicios como intervenir en casos de piratería, resolver dudas sobre derechos de autor, e invertimos también en formación.

¿Cómo financian esas ayudas?
A través de los derechos de gestión colectiva obligatoria, con lo que recaudamos por la copia privada o el préstamo público, 11,5 millones de euros en el 2017.-

¿De dónde proceden esos recursos?
Un convenio con la CRUE [Conferencia de Rectores de Universidades Españolas] nos aporta 3 millones de euros; 1,5 millones el canon por copia privada; recaudamos 700.000 euros de convenios con entidades análogas del extranjero, de Europa, América o Japón; unos 120.000 euros por préstamos en bibliotecas; y el resto por licencias, a través de una red de agentes que visitan empresas, academias y otros usuarios que reproducen contenidos de nuestros miembros para los que necesitan autorización.

¿Cómo explica esa cantidad por préstamos en bibliotecas?
Ese es el principal problema de las cuatro situaciones que entendemos profundamente graves en España para nuestro colectivo y en las que trabajamos para que se produzcan cambios legislativos. La legislación española reconoce los derechos de autor por préstamo público, pero nadie parece estar obligado al pago, o en un porcentaje muy pequeño, pues pagan menos del 10 %. Por eso pedimos que se ajuste la ley para que se cumpla, porque perjudica sobre todo a los autores de libros, y también a periodistas. 

¿Qué otros cambios legislativos se proponen?
Que se reconozca la compatibilidad del cobro de la pensión de jubilación con los derechos de autor, deben ser aquí como en otros países europeos, como Italia, Francia o Alemania. Hay autores que han dejado de crear por eso, incluso que se han suicidado, por eso hay que modificarlo; porque a veces el éxito de una obra puede ocurrir 30 años después de publicarse, por situaciones como por ejemplo una adaptación audiovisual. La muerte de Forges, o algún reconocido autor que tiene dificultades para viajar y continuar su obra, han puesto el tema recientemente de actualidad. También buscamos el uso de contenidos protegidos en entornos como empresas o administraciones de manera sostenible, que no se perjudique a autores que crean esos contenidos; y más avances contra la piratería.

Joel Gómez
Artículo publicado en La Voz de Galicia